El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), exhortó a los integrantes de la Cámara de Diputados a no aprobar esta iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos, ya que representaría un duro golpe al Estado de derecho y amenazaría las inversiones presentes y futuras, no solo en el sector energético, sino en otros sectores clave para la competitividad de México.
Refirió que el 26 de marzo de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos (LH) que pretende dar un amplio margen de discrecionalidad a la Secretaría de Energía (Sener) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
El objetivo es otorgar y revocar permisos para que empresas del sector privado participen en la producción, procesamiento, almacenamiento, transporte, expendio, e importación y exportación de hidrocarburos.
En caso de aprobarse, esta iniciativa “sería una clara violación a la Constitución y a los tratados comerciales internacionales ratificados por México, lo cual afectaría el ya deteriorado clima de inversión en el sector energético desde el inicio de la actual administración y, especialmente a partir de la reciente aprobación de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica al atentar contra el Estado de derecho.”
La discusión en la Cámara de Diputados deberá tomar en cuenta el impacto para los mexicanos de aprobar esta iniciativa. Destaca que amenaza con expropiar las instalaciones de las empresas permisionarias en materia de hidrocarburos para beneficiar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
También dota de facultades discrecionales a la Sener y a la CRE para suspender las actividades de aquellas empresas que, a su juicio, representen un riesgo; y establece que estas dependencias podrán suspender los permisos que han emitido para que empresas privadas participen en las distintas etapas de la cadena de valor de los hidrocarburos (p. ej. gasolineras), cuando éstas consideren que sus actividades representan un “peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía”.
En dicho caso, tales autoridades podrán ocupar, intervenir o suspender las instalaciones de las empresas cuyos permisos hayan sido suspendidos por alguna de las causales señaladas anteriormente. Podrán contratar a empresas productivas del Estado para que manejen y controlen las instalaciones ocupadas. Incluso harían uso del personal de los permisionarios, bajo el argumento de garantizar la continuidad de las operaciones que ampara el permiso suspendido; lo que, en los hechos, representaría un acto de expropiación directa.
En cuanto a las afectaciones, el IMCO enumeró repercusiones negativas para las familias y el conjunto del sector productivo mexicano, cuyo acceso a insumos básicos como gasolinas, diésel, gas natural, entre otros, se vería interrumpido al trasladar la producción, procesamiento, transporte, almacenamiento, expendio, importación o exportación de dichos insumos del sector privado a empresas como Pemex, cuyos estados financieros dan cuenta de sus serias ineficiencias operativas y administrativas.
Además, la reforma impacta directamente a las empresas que operan en estos segmentos al generar un ambiente de incertidumbre jurídica ante las autoridades reguladoras.
Con el propósito de que Pemex mantenga su papel preponderante en el sector de hidrocarburos, esta propuesta de reforma busca desplazar al sector privado que participa en dichas actividades al correr el riesgo de la expropiación de sus instalaciones bajo criterios poco transparentes como la seguridad nacional, seguridad energética y afectaciones a la economía nacional.
Además, la iniciativa pone en riesgo a la certidumbre jurídica, en un momento en que los inversionistas nacionales y extranjeros cuestionan las decisiones de política energética de la actual administración, en el marco de la recién aprobada reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.
